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jueves, 6 de mayo de 2010

Los vecinos, contrarios a las tesis urbanísticas del Defensor del Pueblo

José Chamizo defiende las sanciones o la regularización de las parcelaciones ilegales trasladando los costes a los propietarios, en contra de lo que defienden diversos colectivos vecinales cordobeses

¿Cuál es la receta para terminar con la problemática de las parcelaciones ilegales? El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, lo tiene claro: cumplimiento estricto de la ley, de tal manera que los ayuntamientos articulen las medidas necesarias para impedir las infracciones, imponiendo sanciones y/o derribos; y en caso de posibilidad de regularización, que los gastos corran a cuenta de los propietarios. El coste cero para las arcas municipales, que diría el alcalde, Andrés Ocaña.

Así lo señala el Defensor del Pueblo Andaluz en su último Informe al Parlamento 2009, presentado a finales del pasado mes. Un informe de más de mil páginas en el que, entre otras cuestiones, aborda este problema dentro del capítulo destinado al análisis de los derechos relativos a la vivienda, al urbanismo y a los transportes; planteando unas sugerencias que, lógicamente, no han sido bien recibidas por diversos colectivos vecinales cordobeses.

Y es que a pesar de que el Defensor lanza un serio aviso a los ayuntamientos, al afirmar que estamos ante “un problema de extraordinaria entidad que muy pocos municipios han abordado con la seriedad y rigor necesario y que continúa presente en diversas partes de nuestro territorio”; se coloca más bien del lado de las actuaciones municipales que de las tesis que vienen defendiendo muchos vecinos de Córdoba –una de las ciudades andaluzas donde el fenómeno está más extendido–; más partidarios de la regularización masiva que de otra cosa.



Tres recomendaciones

Al respecto, y con carácter general, el Defensor recomienda adoptar tres tipos de medidas. En primer lugar, señala que cuando se trate de parcelaciones respecto de las que no haya prescrito la posible infracción administrativa, “las autoridades adopten las medidas legales a su alcance para impedir la consolidación de las infracciones cometidas”.

En segundo lugar, y para las urbanizaciones en las que tales infracciones hayan prescrito, y salvo que exista un interés público que aconseje su demolición; el Defensor plantea que se “aborde su regularización pudiéndose utilizar la Disposición Adicional 1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”.

Esta disposición permite, básicamente, que los ayuntamientos puedan declarar determinadas urbanizaciones concretas en “situación legal de fuera de ordenación”, si ya estaban construidas antes de aprobarse las distintas normas de planeamiento, siempre motivando cada caso concreto e impidiendo la proliferación de nuevas obras.

Por último, el Defensor indica que a la hora de abordar, en su caso, la regularización “se evite que los costes de la regularización se trasladen a las arcas municipales, debiéndolos afrontar los promotores y los residentes en ellas”. En definitiva, que paguen los propietarios.

Algo bastante alejado de lo que vienen defendiendo los vecinos más afectados por los procesos de ilegalización o regularización de estas parcelaciones, y por la propia Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara, que tradicionalmente ha defendido la regularización de todas las viviendas ya existentes.



Una demanda social

En concreto, el vicepresidente de la Federación y nuevo coordinador del Área de Periferia de esta Federación, Emilio Góngora, indicaba recientemente que en este ámbito “es necesario tener en cuenta el factor humano en el tratamiento que se dé a las parcelaciones no legales”, y solicitaba buscar fórmulas de financiación con la Administración “para que se puedan llevar adelante los planes de urbanización por parte de los parcelistas, teniendo en cuenta la repercusión que está teniendo la crisis”. Facilidades que, con crisis o no, no plantea el Defensor del Pueblo.

Precisamente, respecto a los costes, Juan Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos Las Pitas –cuyos vecinos están inmerso en esta problemática–, señaló a El Semanario que los vecinos “tenemos asumido que debemos hacer frente a los costes y a las multas que se nos han puesto, pero ningún representante público habla de que si existen parcelaciones, mal llamadas ilegales, es porque hay una demanda social, y nadie habla de la realidad social que hay detrás y del derecho que tenemos todos a residir en una vivienda horizontal”.

Respecto a los planteamientos del Defensor del Pueblo, Juan Martínez considera que, lejos de que los ayuntamientos inicien expedientes por infracción en este tipo de casos, sería necesario un cambio de dirección a nivel general, “pues lo que habría que hacer es legislar y realizar acciones no para quitar, sino para dar servicios y garantizar el derecho a la vivienda de todos”.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo lo tiene claro, como también se desprende de su labor en las distintas cuestiones que al respecto se le plantearon en 2009, de las que en el citado informe reseña tres quejas concretas, dos pertenecientes a ayuntamientos sevillanos, y una referente a Córdoba.

En concreto, la queja 08/1738, abierta de oficio cuando la Oficina del Defensor tuvo conocimiento de la existencia de una parcelación ilegal en la zona de El Rosal del Rubio, cerca del aeropuerto. Al respecto, el Defensor se dirigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo para solicitar información, concluyendo que la Gerencia estaba actuando correctamente al haber dado cuenta del asunto al Ministerio Fiscal en aquellos casos que no habían prescrito. Un caso que que sigue su curso, ya que recientemente se ha conocido que la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y la demolición de un chalet para uno de estos propietarios.

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